jueves, 6 de agosto de 2015

China crea unas Oficinas de Seguridad para controlar los contenidos de los principales proveedores de Internet

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China. Ilustración: Alexander Mak © Shutterstock.com. Imagen tomada de: Diario TI.

Chen Zhimin, ministro delegado de Seguridad Pública en China, ha anunciado la creación de una nueva división de la policía denominada “Oficinas de Seguridad de Internet” en algunas de las grandes empresas chinas proveedoras de Internet, como Alibaba o Tecent, con el fin de “detectar más rápido las actividades ilegales en Internet”. 

China ya había endurecido su política de control sobre las compañías de Internet, con la publicación el pasado mes del borrador de una nueva ley de ciberseguridad en el que se obliga a las empresas a almacenar datos sobre los usuarios, y a compartir aquella información con el gobierno, exigiendo que censuren la información que el Gobierno les solicite, bajo amenaza de multas que podrían llegar a los 500.000 yuanes, unos 80.525 dólares, o al cierre de sus servicios. 

Así que con la implantación de esta nueva “ciber-policía”, el Gobierno chino se garantizará el control de dos poderosas plataformas con ramas de negocio que van desde la venta online a la mensajería instantánea privada. Hablamos de Tecent, que dispone del servicio QQ, el más popular de los servicios de mensajería instantánea de China, o también de la exitosa red social WeChat. Por otro lado Alibaba, es propietaria de la mayor plataforma de venta online, con marcas subsidiarias como Aliexpress, Tabao o Tsmall, Youku Tudou o Alipay. 

Algunas organizaciones ya han puesto el grito en el cielo, concretamente Sophie Richardson, directora del observatorio de Derechos Humanos en China, que ha criticado el proyecto de ley señalando que su implementación “sólo aumentará las restricciones a la libertad de expresión”.

Tomado de: TheInquirer

1 comentario:

  1. China continua incrementando los mecanismos para controlar el uso del Internet. Este tipo de mecanismos son parte de una discusión actual en la que se cuestiona cuales deben ser los límites y mecanismos que pueden emplear los gobiernos con el propósito de trabajar en pro de la seguridad en Internet. ¿Hasta que punto dichos esfuerzos son válidos y hasta que punto se violan los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad de las personas?

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